SOBRE LA MONARQUÍA Y LA REPÚBLICA

En los últimos años, cada vez que sale a la luz un escándalo de la familia real, se reactiva el eterno debate sobre la forma de gobierno en España: ¿monarquía o república? En realidad se trata de un dilema azuzado habitualmente por algunos partidos políticos interesados y algunos medios de comunicación que, sin embargo, tiene poco calado en una sociedad enfrentada a problemas mucho más graves.

Vaya por delante una confesión: desde un punto de vista teórico o normativo, es preferible una república a una monarquía. La razón es sencilla. En la monarquía la jefatura del Estado es vitalicia y hereditaria dentro de una familia, algo que suena un tanto anacrónico en pleno siglo XXI. En una república puede haber más o menos participación popular para elegir quién ocupa la mas alta magistratura del Estado por lo que se ajusta mejor a los parámetros que nosotros entendemos como democráticos. Así que, en principio, pocos pueden dudar de que es una forma de gobierno más acorde con nuestros tiempos.

Ahora bien, no vivimos en un mundo teórico, sino en el mundo real. Hay que buscar soluciones prácticas para las necesidades políticas de cada momento. La instauración de la monarquía parlamentaria en España, en 1978, se debió precisamente a eso, a la utilidad que podía ofrecer la figura de un monarca en la dificultosa instauración de la democracia, amenazada en múltiples frentes por el terrorismo, los sectores reaccionarios, los nacionalismos periféricos y la inestabilidad social y económica. Muchas de esas circunstancias han cambiado, pero la monarquía española sigue teniendo su razón de ser en el siglo XXI.

En primer lugar, se trata de una institución apolítica y neutral, alejada de las luchas partidistas que son la esencia de nuestra democracia. La figura moderadora del rey lo convierte en el fiel de una balanza en la que se sustenta todo el sistema político. Carente de todo poder fáctico, el rey es, en resumidas cuentas, el representante del Estado y el símbolo de la continuidad histórica de la nación. Por cierto, este es el motivo por el que se oponen a él los partidos independentistas periféricos.

En segundo lugar, el papel del rey como representante de España en el extranjero es crucial. Parece un tópico eso de que es "el mejor embajador", pero es cierto. La permanencia de un rey en el trono de su país durante años lo convierte en la figura visible de la nación en el exterior, un rostro reconocible aquí y allá. Por eso la Corona es un excelente instrumento para fortalecer la imagen exterior del país, una brillante carta de presentación en el mundo. La pertenencia del monarca a una dinastía histórica, que se proyecta a lo largo de los siglos, contribuye a este propósito. Esto es algo de lo que carece un presidente de la república por muchas ínfulas napoleónicas que se quiera otorgar Emmanuel Macron a sí mismo, por ejemplo. Los presidentes de Portugal, Alemania o Italia son prácticamente desconocidos en el mundo por lo que su función representativa de la nación, que tienen igual que el rey, no es tan potente.

En tercer y último lugar, la monarquía parlamentaria no tiene en la actualidad una alternativa viable en España. Muchos piensan instantáneamente en la república, pero ¿qué república? Habrá que ponerle un apellido: parlamentaria, presidencialista, semipresidencialista, popular, de partido único, islámica, etcétera. Todos ellos sin entrar en la forma de Estado y su organización territorial: república federal, república unitaria o república conferederal. Pensemos en Portugal, en Rusia, en Uruguay, en Vietnam, en Irán. Todos son repúblicas pero no sé parecen entre sí. Hoy no hay debate en torno a ello y, mucho menos, consenso. Hay quien propone una "república plurinacional y solidaria" pero la Historia no conoce ninguna forma de gobierno con esa denominación. Sólo hay un Estado plurinacional en el mundo, Bolivia, pero sus características territoriales y sociales no son comparables a las de España así que no parece una opción viable.

Por sí misma, una república no es más democrática que una monarquía. Comparemos, por ejemplo, la República Democrática del Congo, que es uno de los países más corruptos y peligrosos del mundo, y el Reino de Noruega, cuyos ciudadanos disfrutan de amplias libertades. El diario "The Economist" elabora cada año un ranking de los países en función de la calidad de su democracia. En 2019, de las veinte democracias plenas del mundo - los países con mayor calidad democrática - doce eran monarquías. España era una de ellas. La calidad de la democracia es mucho más que elegir en votación al jefe del Estado, se basa en la existencia de amplios derechos y libertades y la seguridad para ejercerlos.

Una república tampoco es sinónimo de justicia y de igualdad social. En 2017, el país con más desigualdad en ingresos del mundo - según el coeficiente de Gini - era la República de Sudáfrica y uno de los más igualitarios era Bélgica, una monarquía. No hay correlación, por tanto, en indicadores como la calidad de la democracia y la igualdad social en un país y su forma de gobierno.

Todo ello no impide, en cualquier caso, que la monarquía tenga que estar sometida a un férreo y continuo control por parte de los tribunales de justicia, de la prensa y de la opinión pública, igual que el resto de instituciones del Estado. Precisamente por su naturaleza, vitalicia y hereditaria, la ejemplaridad y la transparencia deben ser las señas de identidad de esta institución y se le deben exigir. El jefe del Estado y los miembros de la familia real deben, además, estar sometidos a las mismas leyes que el resto de ciudadanos, sin diferencia alguna a excepción de aquello vinculado a las funciones inherentes a su cargo. No debemos olvidar que un rey lo es de por vida y el Estado debe evitar que caiga en la tentación de aprovechar su posición aparentemente inmutable en beneficio propio.

Teniendo en cuenta todo esto, parece estéril un debate ahora sobre la forma de gobierno, sobre todo, si miramos los problemas inminentes a los que se enfrenta el país. Además, un cambio en la forma de gobierno requeriría una modificación de la Constitución. La crispación impertante en el panorama político actual y la actitud combativa de la mayoría de los partidos no permiten alcanzar un gran acuerdo que sustituya al logrado en 1978. Así que quizá sería prefible trabajar por profundizar nuestros derechos y libertades, y mejorar la cohesión social del país antes que polemizar sobre temas como este. Ya llegará el momento en el devenir histórico futuro en el que merezca la pena debatir si conviene más una monarquía o una república siempre, claro está, que los que defienden esta opción tengan claro qué tipo de república proponen.