TRAIDORES A LA REPÚBLICA

 Sanjurjo y el resto de golpistas en el banquillo de los acusados después de la Sanjurjada. Dio igual.

 

El 10 de agosto de 1932 se produjo el primer intento de rebelión militar contra la Segunda República, el régimen democrático instaurado en España en abril de 1931. Su protagonista fue el director general de Guardia Civil, José Sanjurjo, quien, si en 1931 no le había negado su apoyo al régimen republicano facilitando su triunfo, dieciséis meses después estaba decidido a emular a Primo de Rivera y sustituir el régimen constitucional por una dictadura militar que acabase con la conflictividad social y el desorden.

El caso es que la algarada militar, mal preparada y peor ejecutada, fue un auténtico fracaso en toda España. Las únicas ciudades donde triunfó fueron Madrid y Sevilla, adonde había acudido Sanjurjo junto con algunos fieles, para liderar desde allí la insurrección. Ninguna otra ciudad ni región de España secundó el golpe así que el gobierno republicano pudo controlar fácilmente la situación. Ante el fracaso de la "Sanjurjada", como se conoció enseguida la intentona golpista, el general fue detenido cuando intentaba huir en automóvil a Portugal. 

De acuerdo con las leyes de la República española, Sanjurjo fue juzgado y condenado a muerte por rebelión militar, pero el gobierno republicano-socialista, liderado por Manuel Azaña, decidió conmutarle la pena por la cadena perpetua en un intento de evitar que se convirtiese en un mártir para los monárquicos y los derechistas. La clemencia del gobierno estuvo justificada y Sanjurjo pasó algunos años en prisión, en Santoña y en Cádiz.

En noviembre de 1933 se celebraron nuevas elecciones generales y se produjo un vuelco electoral. La coalición de partidos de derechas CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) obtuvo la victoria, seguida del Partido Radical (ahora centrista) de Alejandro Lerroux. Aunque Lerroux fue el encargado de formar gobierno, el apoyo de la CEDA de José María Gil Robles fue fundamental para la estabilidad del ejecutivo.

La situación política cambió por tanto, y esto benefició al golpista Sanjurjo que esperaba en la cárcel de Cádiz. El gobierno radical-cedista preparó una Ley de Amnistía que extinguía los delitos de sedición y de rebelión cometidos con anterioridad al tres de diciembre de 1933, entre ellos los cometidos por muchos derechistas y monárquicos que se había opuesto a la república democrática cuando gobernaban las izquierdas. José Sanjurjo era, por supuesto, uno de ellos. Ahora, las derechas, perdonaban aquellas intentonas golpistas protagonizadas por los suyos. 

Así que el antiguo jefe de la Guardia Civil salió de la cárcel y marchó al exilio. Se instaló cómodamente en Estoril, desde donde siguió conspirando contra la República esperando una mejor ocasión para alzarse. Aquella Ley de Amnistía, aprobada a pesar del aposición del presidente Niceto Alcalá Zamora, fue un auténtico atropello a las leyes republicanas. El gobierno radical-cedista aprovechó su mayoría en las Cortes para extinguir los delitos que sus partidarios había cometido contra la propia República. El presidente Alcalá-Zamora, que consiguió que la Ley de Amnistía impidiese a Sanjurjo volver al ejército, era el único que al parecer respetaba el imperio de la ley.

La guardia civil conduce a los insurrectos asturianos rendidos después de la revolución de Asturias.

En octubre de 1934, estalló lo que la historiografía conoce como Revolución de Asturias. Fue sin duda una cruenta insurrección protagonizada por comunistas, anarquistas y socialistas que se alzaron contra la República "burguesa" para proclamar un Estado Socialista de inspiración soviética. En otras palabras, en aquel otoño, la CNT, la FAI, el PSOE y la UGT (entre otros partidos y sindicatos) se alzaron contra la Segunda República española. Es de sobra sabido que la reacción del gobierno de Lerroux fue brutal, enviando al general Franco al frente de las tropas coloniales a sofocar la insurrección. Unas 20.000 personas fueron ejecutadas en Asturias sin juicio previo.

Mientras tanto y aprovechando la confusión, Lluís Companys, a la sazón presidente de la Generalitat, proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española que no existía (porque la Segunda República no era federal). El gobierno de Lerroux acabó suspendiendo el Estatuto de Autonomía de Cataluña y encarcelando al gobierno autonómico después de algunos combates en las calles de Barcelona. Lluís Companys fue encarcelado, igual que destacados dirigentes de izquierdas como Largo Caballero y Manuel Azaña, acusados de alentar la rebelión asturiana.

Ambos incidentes fueron contra el gobierno radical-cedista (legítimamente elegido en las urnas) y contra la propia Segunda República (un régimen plenamente democrático). Aquellas algaradas se saldaron con más de 30.000 encausados, muchos de ellos pasaron largo tiempo en las cárceles.

Después, cuando se volvieron a celebrar elecciones, en febrero de 1936, el Frente Popular, la coalición de partidos de izquierdas integrada por pequeños partidos republicanos, partidos nacionalistas catalanes, el Partido Comunista y el Partido Socialista (y que contaba con el apoyo de los anarquistas), llevó en su programa como objetivo prioritario la amnistía para los represaliados por los sucesos de octubre de 1934. Se proponían extinguir los delitos cometidos por aquellos que se habían sublevado contra la propia República en Asturias y en Cataluña. Ahora eran las izquierdas las que pasaban por alto cualquier ordenamiento jurídico y proponían olvidar los delitos de los suyos. 

Es conocido que el Frente Popular ganó aquellas elecciones del 16 de febrero de 1936, las últimas democráticas que iba a haber en España en muchas décadas. Inmediatamente después de la formación del gobierno y en un ambiente de conflictividad social creciente que rozaba la insurrección popular, la comisión permanente de las Cortes republicanas votó por unanimidad una nueva Ley de Amnistía que, en efecto, hacia borrón y cuenta nueva con aquellos que habían intentado derribar la República española en 1934. 

Querría recalcar lo de "por unanimidad" porque, en la comisión permanente de las Cortes, donde el Frente Popular tenía mayoría, hasta la CEDA votó a favor de olvidar los delitos que se habían cometido contra su propio gobierno. Se repuso a Lluís Companys como presidente de la Generalitat y se restableció la autonomía de Cataluña. Con esta Ley de Amnistía, se pretendía satisfacer el clamor del pueblo y lograr la tan ansiada paz social que, sin embargo, no llegaría.

En aquel régimen republicano nacido en la urnas en 1931 y perfectamente legítimo, tanto los partidos de izquierda como los de derecha manifestaron un desprecio absoluto por el Estado de Derecho. Las leyes de amnistía de 1934 y de 1936 supusieron sendas patadas al imperio de la ley en la España republicana. La CEDA buscaba beneficiar a los militares golpistas de la Sanjurjada (los suyos) y el Frente Popular buscó resarcir a los "heroicos revolucionarios" de Asturias (los suyos). Pero tanto los militares golpistas como los insurrectos de Asturias y de Cataluña pretendían derribar el régimen político que ahora les perdonaba.

La CEDA vio legítima la intentona golpista de Sanjurjo y compañía y el Frente Popular la insurrección asturiana. Pero ambos fueron gravísimos intentos de subvertir el orden constitucional de 1931 y acabar con el propio régimen republicano. Con estos antecedentes y este comportamiento bochornoso de unos y otros, ¿quién entonces podría pedir respeto hacia una República democrática vapuleada y vilipendiada por unos y por otros?

 

 

Manuel Azaña junto a altos mandos militares, entre ellos Francisco Franco (a su izquierda). ¿Quién podría pedir respeto para una República vilipendiada por todos?